Obligaciones que tenemos como ciudadanos en España
Conocer nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos españoles es el primer paso para poder exigir que se cumplan y es que como contraparte de los derechos de todo ciudadano, existen una serie de deberes u obligaciones que deben cumplirse.
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Los derechos fundamentales: características y clasificación
Tanto los primeros como los segundos se ven enumerados y protegidos por la Constitución de España y nacen de la libertad del pueblo soberano.
A su vez, en el mismo texto constitucional se enumeran los mecanismos jurídicos por los cuales estos deberes y derechos son salvaguardados, pudiendo el ciudadano solicitar su tutela a la jurisdicción civil, laboral, contencioso-administrativa o al Tribunal Constitucional, según qué tipo de tutela corresponda.
Para entender a qué estamos obligados, debemos entender primero aquello que se nos permite y garantiza: nuestros derechos fundamentales.
En el Título I de la Constitución española denominado “De los derechos y deberes fundamentales” se enumeran todos aquellos derechos que son imprescriptibles (no pierden validez con el paso del tiempo), intransferibles (no puede pasarse o cambiarse su titularidad de una persona a otra), irrenunciables (no se pueden declinar) y universales (no hay diferencia ni exclusión por sexo, raza, religión, etc.).
Una de las definiciones fundamentales que diferencian a este tipo de derechos de otros es que son inherentes al ser humano, es decir, que pertenecen a toda persona sólo por el hecho de serlo.
Los derechos fundamentales se dividen en tres clases según el tipo de libertad que regulen, a saber:
Del ámbito personal
Entre ellos encontramos el derecho a la vida, la cual debe ser digna y estar a salvo de tratos degradantes o humillantes. Este derecho importantísimo se consigna en el artículo 15, en el mismo en el cual se prohíbe la pena de muerte.
Del ámbito público
Un ejemplo de esta clase de derechos es el derecho a la asociación, que excluye solamente a las agrupaciones que persigan fines ilícitos, secretos o paramilitares.
Socioeconómicos
El derecho a la sindicalización y a la huelga se inscribe dentro de esta categoría. El artículo 28 de la Constitución de España advierte sobre casos especiales: los trabajadores de las fuerzas armadas y los funcionarios públicos. Ambos grupos recibirán regulaciones diferentes a cualquier otro trabajador. La elección de un sindicato es libre.
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Toda libertad conlleva responsabilidad: los deberes de los españoles
A continuación se enumeran los deberes principales que todo ciudadano español debe cumplir:
Acatar la Constitución, respetar todo lo que se declara en ella y en el resto del ordenamiento jurídico del país. Esto quiere decir, nada más y nada menos, que se deben respetar las leyes.
Esta obligación es, entonces, la base del resto de las obligaciones de los españoles. La importancia del principio de legalidad se deja ver el artículo número 9.1 del texto constitucional. Esta necesidad de respetar el Estado de Derecho está presente en todas las constituciones del mundo.
Defender a España es un deber de los ciudadanos y la ley fija las obligaciones militares así como las causales de excepción a la hora de realizar el servicio militar obligatorio. Entre estas últimas se encuentra la objeción de conciencia, aunque el Estado siempre puede imponer una prestación social sustitutoria.
El texto constitucional agrega también que el Estado podrá organizar un servicio civil para cumplir con objetivos de interés general, al tiempo que, ley mediante, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en casos extremos, como una catástrofe o calamidad pública. El artículo 30 es el encargado de enumerar estas obligaciones.
El tercer deber, consignado en el artículo 31, supone la obligación de todo ciudadano a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en base a un sistema igualitario y progresivo (en donde cada uno debe aportar de acuerdo a su capacidad económica).
En cuarto lugar, la importancia del castellano para España se traduce en el derecho/deber de conocerlo y usarlo. La justificación de esta obligación radica en que este idioma es la lengua oficial de España, según el artículo 3.1.
El artículo 27, a su vez, deja claro el quinto deber, la educación básica. Mientras el derecho es a todos los niveles de educación, la obligatoriedad recae sólo en el nivel elemental.
El deber de trabajar, a su vez, sólo puede entenderse a partir de su opuesto: el derecho a trabajar. Una vez que se ha accedido a este último, la obligación de trabajar supone el cumplimiento de las prestaciones y cargas que son inherentes al empleo específico que hemos conseguido.
El séptimo deber, por su parte, se relaciona con la salud pública. Se insta a los ciudadanos españoles a cumplir las prescripciones sanitarias generales y específicas (aquellas determinadas por los Servicios Sanitarios), a mantener en buen estado las instalaciones de los servicios de salud y a usar responsablemente las prestaciones sanitarias otorgadas.
El ciudadano español, por otra parte, tiene el deber de preservar tanto el medioambiente como los patrimonios históricos y culturales.
El deber de participar en la vida política del país no impone al sufragio como obligatorio (a diferencia de otros países) pero la ley electoral sí obliga jurídicamente a los ciudadanos a participar como miembros de la mesa electoral. En caso de incumplimiento, las sanciones no se harán esperar.
Tener siempre a mano el texto constitucional en nuestros hogares nos permitirá recurrir a él cada vez que nos surjan dudas acerca de qué debemos o no hacer para no entrar en contradicción con el principio de legalidad e impedir, al mismo tiempo, abusos de autoridad.
